Más de 600 parteras de 42 municipios exigen que las oficialías respeten los documentos que acreditan los nacimientos
KEVIN NARVARTE/TDN
El nacimiento de un bebé atendido por una partera tradicional puede convertirse en el inicio de un recorrido administrativo para sus familias, cuando una oficialía del Registro Civil rechaza la constancia de alumbramiento, el problema deja de ser únicamente documental y alcanza el derecho de niñas y niños a contar con un nombre, una nacionalidad y una identidad reconocida desde sus primeros días de vida.
La legislación de Chiapas establece que la inscripción de niñas, niños y adolescentes debe realizarse de manera inmediata y gratuita, además de garantizar la primera copia certificada del acta sin costo, por eso, cuando una constancia expedida por una partera no es aceptada, las familias quedan expuestas a retrasos y a la necesidad de buscar alternativas para acreditar el nacimiento.
El trabajo de estas mujeres tampoco termina con la atención del parto, durante 2025, 247 integrantes del Movimiento Nich Ixim, provenientes de 27 municipios, reportaron mil 753 nacimientos, seis mil 455 revisiones durante el embarazo y tres mil 250 consultas en el periodo posterior al alumbramiento, además de 146 referencias hospitalarias por riesgos para las madres o sus bebés.
La presencia de la partería tradicional tiene un peso considerable en la atención materna, la Secretaría de Salud estatal informó en mayo de 2026 que alrededor de tres mil 800 personas ejercen esta labor en Chiapas y que participan en el 38 por ciento de los nacimientos, una cobertura que alcanza comunidades donde la distancia, la lengua y las condiciones de acceso pueden dificultar el contacto con los servicios institucionales.
Las diferencias entre las prácticas comunitarias y los procedimientos institucionales también han sido documentadas en estudios sobre la atención de parteras tseltales de Chilón y Ocosingo, basados en entrevistas que identificaron desconfianza y descalificación de sus conocimientos por parte de personal sanitario, una relación que requiere coordinación entre autoridades de salud y Registro Civil para evitar que el reconocimiento de su trabajo dependa de los criterios de cada oficina.
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