El reto de prevención también pasa por ampliar las oportunidades educativas, económicas y comunitarias
KEVIN NARVARTE/TDN
La alerta por el reclutamiento de adolescentes para actividades delictivas comienza a mirar un problema que ocurre mucho antes de una detención. En Chiapas, las condiciones económicas, la necesidad de trabajar y las dificultades para continuar los estudios pueden generar escenarios de vulnerabilidad que son aprovechados por quienes buscan incorporar a menores a dinámicas criminales.
Más de medio millón de adolescentes de entre 15 y 19 años viven en el estado, mientras que 77.3% de los menores de 18 años se encontraban en situación de pobreza en 2022. Estas condiciones no determinan que un joven termine involucrado en un delito, pero sí pueden reducir las alternativas disponibles cuando aparecen ofertas de dinero, amenazas o promesas de una salida rápida a sus problemas.
El riesgo también se relaciona con la incorporación temprana al trabajo, en 2022, 12.8% de las personas de 5 a 17 años realizaban alguna actividad considerada peligrosa en Chiapas, casi el doble del promedio nacional. Para un adolescente que necesita generar ingresos, el contacto con adultos que ofrecen dinero o utilizan la necesidad económica puede convertirse en un factor de riesgo adicional.
Durante 2024, mil 449 adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades en Chiapas por la presunta comisión de delitos o faltas cívicas. El dato no permite afirmar que todos hayan cometido delitos ni que exista una relación con grupos criminales, pero sí plantea la necesidad de revisar las circunstancias que rodean cada caso y distinguir entre quienes participan por decisión propia y quienes pudieron haber sido manipulados, amenazados o utilizados.
La Fiscalía General del estado ha advertido sobre casos en los que adolescentes son utilizados para cometer delitos, con factores relacionados con violencia, amenazas, consumo o deudas de drogas. Ante este panorama, la propuesta de crear el delito de reclutamiento forzado busca llevar la responsabilidad hacia quienes captan o someten a los menores, mientras la prevención tendría que ampliar las alternativas educativas, laborales y comunitarias para evitar que la vulnerabilidad termine siendo utilizada como mecanismo de captación.
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