Ver y velar la justicia: del recinto al territorio

Eduardo Díaz Zenteno

Hay una paradoja persistente en la vida pública: solemos exigir justicia con la misma intensidad con la que desconocemos cómo opera; pedimos resoluciones inmediatas, pero ignoramos los tiempos, las cargas y los límites que impone el debido proceso; desconfiamos de jueces y juezas, al mismo tiempo que acudimos a ellos cuando la vida privada se rompe, cuando una herencia fractura familias, cuando la violencia irrumpe, cuando una decisión administrativa nos arrincona. En ese terreno, donde la expectativa social es alta y la comprensión institucional es baja, cobra sentido una frase que, aunque suene obvia, suele estar ausente en el debate cotidiano: sin justicia no hay paz; no como consigna, sino como ecuación ética y política, porque la paz no es silencio: es un orden legítimo, y el orden legítimo se construye cuando el conflicto encuentra cauces que no dependan de la fuerza, del dinero o del miedo.

Juan Carlos Moreno Guillén insiste, precisamente, en ese punto de partida: la sociedad necesita mejor información sobre que hacen los jueces y juezas, qué hace el Poder Judicial y por qué puede ser un “baluarte” de paz; la idea está construida en escalera (familia, comunidad, Estado) y vale la pena leerla como un argumento filosófico sencillo pero contundente: la paz sin justicia es apenas una tregua; la justicia sin apertura es una promesa incompleta. Lo relevante aquí no es la frase, sino el giro que propone después: no basta con que la institución exista; hace falta un cambio de actitud en quienes la encarnan, abrir la puerta, dar la cara, conversar en entrevistas, foros y conferencias, salir de la comodidad del recinto y asumir que el Poder Judicial también es una institución pedagógica, una que debe explicar su función para no convertirse en un idioma críptico, reservado a especialistas.

En ese mismo registro, “Acercando la Justicia al Pueblo” se ha convertido en el estandarte de un acceso real a la justicia: escuchar y caminar junto a las y los chiapanecos, acercar la institución al territorio y, sobre todo, convertir la escucha en procedimiento mediante una sesión de preguntas abiertas. No es un detalle menor, porque la confianza pública no se decreta: se construye cuando el ciudadano percibe que su inquietud no se archiva con cortesía, sino que se atiende con respeto, apertura y compromiso. Si el Poder Judicial quiere ser el pilar que sostenga la paz social, entonces debe hacerse visible; si quiere ser visible, debe exponerse a la interrogación; si se expone a la interrogación, tiene que sostener su legitimidad con argumentos, resultados reales.

Conviene detenerse un momento en lo básico, porque ahí se juega buena parte del problema: ¿qué es un Poder Judicial? Es el poder del Estado encargado de resolver controversias aplicando la ley y protegiendo derechos; es quien decide, con independencia, cuando chocan intereses y versiones; es quien pone límites al abuso, lo mismo en lo penal que en lo familiar, lo civil, lo mercantil o lo administrativo. Es, además, un entramado que no se reduce a “los magistrados” o “los jueces”, sino que incluye juzgados, salas, defensorías (donde existan), mecanismos alternativos, y al personal que sostiene audiencias, acuerdos, notificaciones y expedientes; su fuerza democrática no está en ser popular, sino en ser imparcial, y su desafío contemporáneo es doble: ser técnicamente correcto y, al mismo tiempo, humanamente accesible, porque la justicia que se entiende tarde suele sentirse como injusticia, aunque haya sido jurídicamente impecable.

Bajo esa lente, la narrativa institucional que hoy se impulsa desde la presidencia del Poder Judicial en Chiapas busca moverse en dos direcciones a la vez: hacia dentro, reforzando una presencia de primera mano en el trabajo cotidiano de los juzgados (mirar la operación real, no la versión ideal); hacia fuera, construyendo una relación más directa con la ciudadanía y con actores públicos. Se habla de participación diaria en la mesa de paz con el titular del Ejecutivo estatal; un gesto de coordinación que, bien entendido, debe mantener un límite sano: colaborar por la paz sin diluir la autonomía judicial. Se describe también un esquema de puertas abiertas en oficinas donde abogados, presidentes municipales, notarios,diversos actores sociales o cualquier ciudadano puede dialogar y buscar abonar a las causas institucionales, tanto es así, que se insiste en el traslado simbólico y operativo de la institución a distintos rincones del estado a través de “Acercando la Justicia al Pueblo”, como si la sede no fuera un edificio, sino una función que debe alcanzar al territorio.

Ahora bien, si hablamos con claridad: la cercanía es un medio, no un fin; la comunicación pública no sustituye al expediente, pero puede dignificarlo; el “dar la cara” no reemplaza a la sentencia, pero puede hacerla comprensible; y el trato humano, sin técnica, se vuelve arbitrariedad, así como la técnica sin humanidad se vuelve indiferencia. El reto, entonces, es convertir esa filosofía (justicia y paz como binomio) en una práctica verificable: tiempos razonables; lenguaje claro; puertas abiertas sin privilegios; escucha que no comprometa la imparcialidad; coordinación con otras instituciones sin subordinación; y un mensaje constante, pero no hueco, de que la justicia no es un favor, es un derecho.

Hay un último punto que no debería pasar inadvertido: el contexto de futuras elecciones federales y locales relacionadas con jueces y magistrados, mencionado como un escenario permanente. En un tiempo donde la legitimidad se disputa también en el terreno de la percepción, la mejor defensa de un Poder Judicial no será un eslogan, sino una ciudadanía que entienda su propósito y pueda exigirle con conocimiento; informar no es vender, es educar; abrirse no es exhibirse, es rendir cuentas de lo que se hace y de lo que todavía falta. Si la apuesta de Moreno Guillén se sostiene en esa dirección (más explicación pública, más contacto territorial, más sensibilidad para escuchar sin claudicar en rigor), entonces se estará tocando una fibra central de la vida democrática: que la justicia deje de sentirse como un edificio lejano y vuelva a percibirse como lo que promete ser: un camino institucional para que el conflicto no derive en violencia, para que la ley no sea una amenaza, para que la paz sea algo más que un deseo.