Anticorrupción y Fiscalía acuerdan coordinación

Se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre dependencias para garantizar un actuar público basado en la integridad

DAMIÁN CERVANTES/TDN

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en Chiapas buscó posicionarse como un eje articulador dentro de la administración estatal, no solo en la vigilancia del servicio público, sino en la construcción de una red institucional más cohesionada. La reciente reunión con la Fiscalía General del Estado (FGE) se inscribe en esa lógica de reforzar vínculos operativos entre áreas clave del gobierno.

El encuentro encabezado por Ana Laura Romero Basurto y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca abrió un espacio de coordinación enfocado en alinear estrategias que incidan directamente en la integridad institucional. Más que un intercambio protocolario, la reunión planteó una ruta de colaboración que busca reducir vacíos entre dependencias en materia de control y supervisión.

Desde la visión de la Secretaría de Anticorrupción, la colaboración interinstitucional se vuelve un componente central para enfrentar prácticas que afectan la confianza ciudadana. La dependencia ha insistido en que la transparencia no puede operar de manera aislada, sino como un sistema compartido entre las distintas áreas del aparato estatal.

La FGE, por su parte, refrendó su disposición para mantener una coordinación constante en acciones que fortalezcan el estado de derecho y la confianza ciudadana. Este tipo de vínculos busca consolidar una respuesta más unificada frente a los desafíos relacionados con la legalidad y la percepción de los chiapanecos sobre el desempeño institucional.

En este contexto, la Secretaría de Anticorrupción se colocó como un actor que impulsa mecanismos de articulación administrativa con el objetivo de fortalecer la gobernanza en Chiapas. La apuesta institucional apuntó a que la coordinación entre dependencias se traduzca en mayor eficacia pública y en una relación más cercana con la ciudadanía.

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“La colaboración interinstitucional se vuelve un componente central para enfrentar prácticas que afectan la confianza ciudadana”